Fuente: Noticias Urbanas

El traspaso de la policía es una de las herramientas negociadas entre Macri y Kirchner, y cumplida a medias. La justicia es otro elemento en juego, y no uno menor. Los costos políticos, tan altos como los económicos.

por Angie Carnevali

En la escena política porteña hay nuevos actores: los reclamos de servicios de seguridad y justicia en manos del Gobierno de la Ciudad. Pero tras bambalinas la comunidad carcelaria espera. El sistema penitenciario es un arma muy poderosa, que en manos de los K podría dar más de un dolor de cabeza a Mauricio Macri.

Cuando el Faraón soñó con siete vacas gordas y siete vacas flacas, buscó en su corte lo más adecuado a su premonición nocturna. Al ver que todos lo adulaban pero nadie le daba una explicación, recurrió a José, un esclavo que no sólo interpretó su visión sino que le brindó una solución de cara al futuro. Su imperio gozaría de prosperidad y luego llegaría un largo período de penurias, que serían mucho menos conflictivas si se tomaban previsiones.

Mauricio Macri también tuvo un sueño... soñó con hacerse cargo de un gobierno con autonomía plena. Y las mentes más brillantes que lo acompañan festejaron esa visión, y diseñaron propuestas para concretarla en el plazo más breve posible, y reclamaron con fuerza -creyendo que si algo se desea mucho se vuelve realidad- el traspaso de la policía con los recursos necesarios para su funcionamiento; la transferencia de la Justicia de la Nación con competencia en territorio capitalino; y también el puerto, los terrenos del ONABE y el producto del juego. Pero por más que varios miembros de su equipo han intentado representar el papel de José, el rol pareciera que continúa esperando una interpretación acorde a la profundidad que requiere el caso.

Los futuros cuatro años de la gestión macrista bien podrían haber sido los años de vacas gordas. Paulatinamente se podrían haber diseñado los programas y los presupuestos; se hubiera contado con el tiempo para acumular recursos económicos y generar estructuras; se hubiese tenido la posibilidad de preparar recursos humanos necesarios para asumir las tareas que las transferencias de Nación a Ciudad requieren. Y luego, transitar los años de vacas flacas con todas las previsiones tomadas. Pero nada de esto pasó, aunque aún es tiempo de que suceda.

Desde la administración nacional ya se han expresado públicamente. “Si Macri piensa gobernar haciendo declaraciones grandilocuentes y reclamando lo que no se acordó, la gestión le resultará difícil". Y si de dificultar una administración se trata, en la Rosada hay gente preparada exclusivamente para eso.

Si quieren autonomía, les daremos autonomía

Así como un padre, frente a los insistentes reclamos de independencia de un hijo adolescente, resuelve mandarlo a trabajar y echarlo del cobijo para que aprenda lo que es emanciparse, el kirchnerismo está dispuesto a hacer lo mismo si los reclamos PRO afectan la campaña electoral de octubre, el futuro gobierno de Cristina Fernández, o la continuidad del cambio en el 2011. Y lo que la Rosada tiene en sus manos es una bomba que puede detonar en el breve lapso de seis meses, dentro del sistema de seguridad armado por el empresario y su equipo.

Luego de firmado y aprobado por la Legislatura y el Congreso, el Primer Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno porteño firmaron el Convenio de Cooperación Nº 13, donde se acuerda que "el Servicio Penitenciario Federal (SPF) prestará a la Ciudad, hasta tanto esta se encuentre en condiciones económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios o penitenciarios, el servicio de tratamiento de condenados y de guarda, custodia y traslado de procesados", cuyo juzgamiento esté a cargo de jueces porteños; que "los gastos serán solventados con fondos del Presupuesto de la Administración Pública Nacional", y que tendrá vigencia "mientras no sea denunciado por alguna de las partes por medio fehaciente con una antelación mínima de seis meses".

Si bien legisladores macristas y kirchneristas manifiestan que el convenio no tendría fecha de caducidad próxima, puertas adentro del Servicio Penitenciario Federal se dice que "existiría una voluntad institucional de denunciarlo" para liberar plazas en las hacinadas cárceles federales y para recobrar personal propio que presta funciones en la Cárcel de Contraventores de la Ciudad.

De hacerse efectiva la denuncia del convenio, la legisladora porteña por el Frente para la Victoria, Silvia La Ruffa, resaltó que "el Gobierno Nacional debería pensar en un período de transición superior a los seis meses, ya que un sistema penitenciario no se puede hacer de un día para el otro".

"Habría que ir creando paulatinamente un sistema propio, sin diseñar nuevo sobre viejo. Debemos empezar todo de cero. La capacitación del personal no podría hacerse en menos de un año. Si se quiere construir un edificio nuevo, se tiene que pensar en dos años o tres. Lo importante es que la discusión sobre una política penitenciaria cobre fuerza y tome forma de manera planificada (con financiamiento internacional, expertos y convenios con universidades, pensando en la reinserción social), y no a las apuradas”, precisó la diputada, autora de cuatro proyectos sobre el tema.

Pero la espada de Damocles pende sobre la cabeza de Macri. Si el convenio se denuncia, la Ciudad deberá en un primer momento dar alojamiento a procesados y condenados por la Justicia porteña. Si bien hoy no superan las cien personas, el Centro de Contraventores únicamente tiene capacidad para 39 (entre los que se encuentran alojados, contraventores de ambos sexos, procesados y condenados penales, un enfermo de tuberculosis, un paciente psiquiátrico -ya que el convenio establece que el SPF no admitirá enfermos mentales o con enfermedades infectocontagiosas- y hasta un detenido por el caso Skanska a solicitud de resguardo de un juez federal).

Pero si el segundo convenio de transferencias penales entra en vigencia, la población penal de la Ciudad crecerá, y si se consigue el traspaso de toda la Justicia de Nación, el problema será aún mayor. En el caso de suscribir un nuevo convenio con el SPF o con servicios penitenciarios provinciales, hasta tanto la Ciudad cuente con las estructuras indispensables, la administración comunal deberá pagar el canon establecido: 37.05 pesos por día por cada preso.

Actualmente la Justicia de la Nación tiene alrededor de 6 mil detenidos. Si se hace realidad el reclamo de Macri y se traspasan todas las competencias, la Capital Federal debería pagar más de 81 millones de pesos anuales a cualquier servicio penitenciario que reciba a nuestros presos.

La Ciudad únicamente asume los costos salariales del personal que presta servicios en el Centro de Contraventores. Pero estos números podrían crecer rápidamente.

Así como un padre le dice a su hijo que no alquile porque a la larga es tirar la plata, de la misma opinión son la mayoría de los actores en este tema. Si bien la urgencia sólo está impuesta por los rumores, sería oportuno contar en el Presupuesto 08 con partidas específicas para esta situación.

Construir una cárcel moderna (300 plazas) costaría alrededor de 40 millones de pesos, unos 5 millones de pesos anuales deberían destinarse a pagar los sueldos de personal y gastos (alimentación, papelería, indumentaria, higiene, limpieza). Y también se tendría que presupuestar el salario mínimo vital y móvil de los 300 reclusos (3.528.000 pesos anuales).

La Ciudad cuenta con terrenos fiscales en el sur que podrían ser utilizados, pero también podrían comprarse en territorio provincial siempre y cuando no se pase de los 40 kilómetros, aunque librar a los porteños de la presencia de un centro penitenciario implicaría un mayor costo y haría oídos sordos al derecho de los ciudadanos (tanto presos como familiares) a permanecer en la jurisdicción donde se encuentran domiciliados. Macri, como Luther King, tuvo un sueño. Y nadie le dijo que podía ser una pesadilla.