Fuente: Noticias Urbanas

POLÍTICA PENITENCIARIA

Las comisiones de Seguridad y Justicia de la Legislatura porteña organizaron esta semana una jornada de debate sobre la Política Penitenciaria y de Reinserción Social de la Ciudad. La importancia de lograr la autonomía en materia carcelaria fue subrayada por todos los expositores.

Por Angie Carnevali

El reclamo de autonomía plena se escucha en boca de todo funcionario porteño desde la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De aquel tiempo a esta parte, mucho se ha dicho y no tanto se ha hecho.

La última campaña electoral puso sobre el tapete la necesidad de los porteños de contar con una policía y una justicia propia, pero para hacer efectivos los traspasos de funciones íntimamente relacionadas con la seguridad del territorio capitalino, habrá que esperar la buena voluntad del Ejecutivo Nacional y su par local para celebrar convenios de transferencias.

"La discusión sobre la autonomía plena podría ingresar a la Legislatura porteña de la mano de proyectos sobre Política Penitenciaria, ya que no hay ningún cepo legal (como la Ley Cafiero) que impida a la Ciudad crear su propio sistema penitenciario", resaltó la presidenta de la Comisión de Seguridad, Silvia La Ruffa durante la apertura de la jornada sobre "Lineamientos Generales de la Política Penitenciaria y de Reinserción Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En opinión de La Ruffa (autora de cuatro proyectos vinculados con el tema) "primero hay que discutir qué política penitenciaria queremos, qué características deben tener los lugares de detención y su personal; y luego hay que analizar si estamos en condiciones de tener nuestras cárceles y hacer el cálculo económico".

Con una visión concreta y actual, Sergio Delgado, titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Nº 1, inició su exposición subrayando que "la Ciudad tiene hoy un problema con la población carcelaria de su territorio -procesados o sometidos a penas- tanto del Fuero Nacional como del local ya que sean transferidos o no, los presos son de la Ciudad".

"La salud es asistida en los hospitales porteños; la educación para adultos es brindada en la Unidad 2 del Servicio Penitenciario Federal por personal de la Ciudad; los planes sociales que reciben las familias de los presos salen de las arcas comunales; la falta de programas para la reinserción social repercute en territorio de la Capital con la reincidencia; la no aplicación del principio de inocencia en los juzgados penales incrementa el hacinamiento y los conflictos. Los funcionarios de la ciudad deben reconocer esta situación y asumir su rol", resaltó el magistrado.

Representando al Poder Ejecutivo, el subsecretario de Justicia porteño, Ramiro Monner Sans, reconoció la "urgencia que tiene la Ciudad para discutir una política penitenciaria para el ámbito de competencia local". Y sostuvo que "si bien actualmente la población privada de la libertad por orden de un juez de la Ciudad es cercana a las 20 personas, las perspectivas y deseos de reivindicar el resto de las competencias penales" incrementaría su número.

"Es trascendente que se cree una agencia que esté dotada de autarquía, que no sufra problemas presupuestarios por no contar con partidas específicas como ocurre actualmente con el Centro de Contraventores (no se tiene dinero para medicamentos, porque la Subsecretaría ejecutó el presupuesto en gastos de papelería, por ejemplo), describió Monner Sans. Y agregó: No es improbable que en el muy corto plazo el Ministerio de Justicia de la Nación denuncie el convenio suscripto con el Gobierno porteño y deje a la Ciudad sin personal del Servicio Penitenciario Federal. Es una amenaza latente, un conflicto potencial".

Posteriormente, el director del Centro de Contraventores de la Ciudad, Jorge Hadad, "un cambio cualitativo de población carcelaria de la mano del Primer Convenio de Transferencias Penales".

Actualmente la cárcel de contraventores aloja imputados y condenados por delitos penales que, en un porcentaje muy alto, vienen de situaciones de institucionalización en reclusorios federales o provinciales.

"La Ciudad debe asumir el compromiso político, institucional, legal y con el ciudadano, para la creación de un sistema penitenciario propio. No hay trabas legales", dijo Hadad. Y agregó: "El Sistema Penitenciario Federal se centra en una fuerza de seguridad y control y no en el mandato constitucional de la reinserción social; debemos crear un cuerpo de seguridad propio donde el personal sea definido como un operador terapéutico con jornadas de 8 horas y no de 12 como ocurre actualmente. Se tiene que escuchar también la demanda de los detenidos y familiares a cumplir las sentencias en su propia jurisdicción. Pero todo esto es un proceso que va a llevar entre 10 y 20 años. Hay que empezar a transitarlo ahora de forma ordenada".

A su turno, Ariel Cejas Meliare, director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria Nacional, calificó de "una oportunidad única" la que tiene en sus manos la Legislatura "para diseñar un sistema autónomo y resocializador". Y propuso que la Ciudad "piense en instituciones abiertas, alternativas al encierro y a la oscuridad de las cárceles tradicionales, que brinden contención al detenido y capacitación para su reinserción a la sociedad".

Representado al Consejo de la Magistratura porteño, Ricardo Baldomar llamó a los Tres Poderes del Estado a "comprometerse con el tema" y "dejar de pasarse la pelota".

"La Ciudad por mandato constitucional debe asumir la competencia penitenciaria. Es uno de los costos de la autonomía. Los porteños podemos empezar de cero y no repetir errores del Sistema Federal. Se habla mucho de la inseguridad, pero se proponen antibióticos para la enfermedad; es hora de empezar a utilizar la vacuna", manifestó el consejero. Y agregó: "Pueden aumentar las penas hasta el infinito, y el problema de la inseguridad no cambiará. El Centro de Contraventores es hoy, la cárcel más segura porque no pasan hechos violentos, porque no están hacinados y se trata de contener y preparar a los detenidos para su salida a vida en sociedad. Pero todo lo que se ha hecho fue a pulmón, no hay una política penitenciaria; el momento de dar el salto es ahora", aseguró.

Finalizando el encuentro, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Ivana Centanaro, luego de agradecer la presencia de la concurrencia -entre quienes destacó a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, Ana Conde y Luis Lozano- manifestó el compromiso legislativo "de tratar los proyectos presentados a la brevedad, para solucionar prontamente los problemas de la Ciudad en materia penitenciaria".

Se ha dado el puntapié inicial. La pelota está en la cancha de la Legislatura porteña. El equipo K salió con todo. Habrá que esperar y ver como se arma el juego.