Fuente: Clarín

PROTESTA VIOLENTA POR EL CODIGO CONTRAVENCIONAL EN JULIO DE 2004


Sólo uno seguirá preso, condenado por otro delito. El restante recibió "prisión condicional". Todos estuvieron catorce meses detenidos en cárceles de máxima seguridad. Ahora analizan enjuiciar al Estado.


Horacio Aizpeolea


El fallo es bueno, pero le aseguro que es muy difícil estar contenta después de haber pasado 14 meses presa sin haber hecho nada malo". Apenas minutos después de haber escuchado el fallo absolutorio, esta fue la conclusión a la que llegó Margarita Meira, de 57 años, vendedora ambulante. Ella, junto a otros 11 ex detenidos, fueron declarados inocentes, en relación a los incidentes ocurridos en julio de 2004, en la Legislatura porteña. El fallo sólo encontró culpables por "daño agravado" a dos imputados. Meira, indignada con la jueza que en primera instancia la procesó de "coacción agravada" y de "privación ilegal de la libertad", estuvo 14 meses presa en la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

El Tribunal Oral en lo Criminal 17 determinó que 12 de los 14 imputados no tuvieron responsabilidad en los incidentes sucedidos el 16 de julio de hace dos años, cuando la Legislatura porteña discutía la reforma al por entonces llamado "Código de Convivencia".

El Tribunal le impuso a Carlos Scaramella la pena de un año y diez meses de prisión por "daño agravado". Scaramella actualmente cumple una condena por un episodio ajeno al de la Legislatura. El otro condenado fue César Gerez, a quien se le impuso un año de prisión condicional por daño calificado y seguirá en libertad. Los fundamentos del fallo, anunció el Tribunal, se conocerán el próximo lunes.

Fuera de los tribunales de Retiro, un centenar de manifestantes —pertenecientes a partidos políticos y a organizaciones sociales— esperó desde el mediodía y hasta la tarde el fallo judicial. Antes de conocerse el veredicto, algunos procesados pudieron hacerse escuchar por el tribunal.

Jorge Nievas, travesti, pasó 14 meses preso en Devoto. Ayer, los jueces pudieron escuchar su denuncia por "maltrato policial". "Me pegaron porque me consideraban antinatural" y "se creen que por tener el cabello largo y teñido no puedo tener nobles principios y valores y conducta honesta", dijo Nievas.

Carmen Insfrán también denunció "golpes y humillaciones". "Como prostitutas, nos oponíamos a modificaciones en la ley para evitar que nos persiguieran", dijo al recordar el día de los incidentes. Las fuerzas policiales y los instructores del sumario (la jueza Silvia Ramond y el fiscal Claudio Soca) ocuparon el centro de las críticas, de parte de quienes un rato después, fueron absueltos. Varios de ellos anticiparon la posibilidad de iniciar acciones legales contra el Estado.

Margarita Meira afrontó la jornada de ayer, ya liberada de todo cargo. De los 14 procesados por la jueza Ramond, Meira fue la única que no resultó acusada por el fiscal Juan José Ghirimoldi, en el juicio oral. "Necesito que Soca me pida disculpas", reclamo Meira, en alusión al fiscal de la etapa instructiva.

La acusación que pesaba sobre trece de los catorce ex detenidos incluía los destrozos al edificio y la posibilidad de que hubieran amenazado a diputados y empleados legislativos. "Además, la fiscalía los acusó de ser partícipes necesarios, no autores de los hechos", comentó Luis Bonomi, uno de los abogados defensores. ¿Quiénes, entonces, fueron los autores o instigadores de los destrozos? El Tribunal (integrado por los jueces Elsa Aurora Moral, Silvia Aráuz y Germán Nocetti Achaval) ordenó que la justicia de instrucción vuelva a investigar los incidentes en la Legislatura.


Palos, piedras, y un ministro echado


El 7 de julio de 2004 se aprobó el nuevo Código Contravencional. Atrás habían quedado seis sesiones frustradas por la falta de acuerdo entre los bloques. Aquel día, recuerdan las crónicas, hubo incidentes entre manifestantes anti-reforma y empleados legislativo. Pero la batalla campal estaba aún por venir.

El 16 de julio, la Legislatura debía avanzar con la votación "en particular" de los artículos del nuevo Código. Un punto concentraba la atención: la baja en la edad de punibilidad, impulsada por distintos bloques (entre ellos parte del macrismo y el lopezmurphysmo). Desde temprano, grupos anti-reformistas (mayormente integrados por vendedores ambulantes, prostitutas, travestis y militantes políticos) rodearon el palacio legislativo. Curiosamente, las unidades policiales se apostaron a varias cuadras del edificio.

"Cerca de las dos de la tarde, un grupo con palos y encapuchados, empezó a romper una de las puertas del edificio, sobre la calle Perú. Ahí empezó todo. Más tarde, cuando la policía intervino, ya estaban participando de los incidentes, los grupos que luego fueron acusados como responsables", recordó la legisladora SILVIA LA RUFFA.

El edificio fue apedreado varias horas. Para algunos legisladores, los empleados resistieron los embates de los manifestantes. Según trascendió, la policía tenía órdenes de no actuar. Días después, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, fue echado del cargo. Antes, dijo que la SIDE no había alertado sobre la posibilidad de incidentes en la Legislatura.


La opinión de los legisladores, entre "fallo justo" y dura crítica


"Es un fallo justo. En la etapa de instrucción del juicio, yo declaré que no me sentí coaccionada para sesionar y que fue una determinación de los bloques suspender aquel día la sesión", evaluó la legisladora porteña K, SILVIA LA RUFFA. Para algunos diputados, el fallo absolutorio para doce ex detenidos por los incidentes en La legislatura ocurridos en 2004, "equilibró" la injusta situación que significó haberlos tenido presos por 14 meses.

"¿Quién les devuelve el año en la cárcel?", se preguntó el legislador de izquierda, Rubén Devoto. "Muchos diputados declaramos que no habíamos sufrido coacción agravada (amenazas). Así que ahora se concluyó que permanecieron injustamente detenidos más de un año, quienes no tuvieron nada que ver con los incidentes", agregó.

En la vereda contraria se ubicó el legislador macrista Jorge Enríquez. "Esa vez se le impidió sesionar a una institución de la democracia; fue un hecho gravísimo. Es posible que hoy muchos se vean alentados a repetir un episodio similar. La verdad, me sorprendió el fallo", reconoció con tono crítico.

Devoto calificó a los incidentes de aquella jornada como "muy curiosos": "Se estaba planteando un código más represivo, había una campaña para judicializar la protesta social; y el ex ministro (Gustavo) Beliz le apuntó a los servicios de inteligencia desplazados; la Justicia nunca investigó esas pistas. Los detenidos fueron chivos expiatorios de esa situación", explicó.

"La causa había arrancado mal con la carátula de 'coacción agravada' y de 'privación ilegítima de la libertad', eran imputaciones excesivas", analizó LA RUFFA.

El vicepresidente primero de la Legislatura, el macrista, Santiago de Estrada, prefirió no opinar "hasta leer los fundamentos del fallo". Su auto, estacionado dentro del palacio legislativo, fue destrozado casi por completo.




http://www.clarin.com/diario/2006/11/14/elpais/p-00801.htm