Fuente: Argenpress.info

Las diez de la mañana del 3 de octubre. Allí comenzará el juicio oral y público contra 14 personas (vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución) que se manifestaban en la Legislatura el 16 de julio de 2004, y que pasaron 14 meses presas acusadas de delitos desproporcionados y sin excarcelación, como forma de criminalizar la protesta social. Las irregularidades de una causa que funcionó a modo de pre-juicio, invirtiendo la carga de la prueba, como si todos fueran culpables de antemano.

Llegó el momento de la verdad. El próximo martes 3, a las diez de la mañana, el secretario del Tribunal Oral 17 solicitará a los presentes que se pongan de pie e inmediatamente ingresarán Silvia Arauz, Elsa Moral y Alejandro Noceti Achával, los tres jueces que tendrán a su cargo el juicio oral y público que buscará dilucidar qué pasó el 16 de julio de 2004 frente a las puertas de la Legislatura porteña, cuando los diputados intentaban aprobar una reforma al Código de Convivencia para penalizar la oferta de sexo en la calle, la venta ambulante y las manifestaciones callejeras, entre otras cosas. El proceso, según cómo se desarrolle, puede sentar peligrosa jurisprudencia sobre el derecho a la protesta social o desnudar un desaprensivo y clasista funcionamiento del Poder Judicial.

Aquel día, los legisladores impidieron el ingreso del público a la sesión y hubo disturbios con vendedores, travestis, prostitutas y militantes de izquierdas que terminaron con la puerta principal de la Legislatura rota, al igual que numerosos vidrios del edificio. La policía uniformada miraba inerte mientras oficiales de civil tenían sospechosas conductas, mezclados entre los manifestantes. Varias horas después de los incidentes, 15 manifestantes fueron detenidos. Estuvieron presos en los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Villa Devoto durante 14 meses, hasta que el tribunal oral les concedió la libertad condicional, tras un cambio de fiscal, y un mes antes de las elecciones de 2005, manteniéndolos bajo proceso judicial.

Sólo uno de los detenidos, Horacio Ojeda, fue favorecido con la probation, mecanismo jurídico que canjea posibles penas por trabajo social. Los otros catorce procesados se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes. En su mayoría son vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución. Se los acusa de un combo inaudito:
privación ilegítima de la libertad, coacción agravada y daños calificados.

Cuatro de ellos, además, suman el cargo de resistencia a la autoridad. Todas las imputaciones son en concurso real, lo que significa que forman parte de un mismo hecho y que las penas podrían acumularse hasta llegar al máximo previsto para la acusación más grave, en este caso diez años de prisión.

Esta calificación de los hechos fue promovida por el fiscal de instrucción Claudio Soca y la jueza de primera instancia Silvia Ramond, quienes a lo largo de la investigación construyeron una teoría que preocupó a los organismos defensores de los derechos humanos. La magistrada argumentó que no importaba si todos los detenidos habían tirado piedras y causado daños, bastaba con haber estado en el lugar de los hechos para generar un contexto propicio para que las acciones sucedieran. 'Esto pone al borde del procesamiento a cualquier persona que participe de una movilización donde haya disturbios. Si hay una marcha al Congreso y se rompen los vidrios, los miles que van pueden ser procesados por los cinco que tiraron piedras ', subraya Claudio Pandolfi, abogado defensor de Margarita Meira.

Sin embargo, a la hora de elevar la causa a la instancia de juicio oral, Ramond también incluyó la figura de la coautoría, por lo que el Tribunal Oral debería probar la participación material en los hechos que se le imputan a cada uno de los acusados. Según algunos abogados defensores, eso sería improbable en las figuras de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada, imputaciones que suenan tan graves como desproporcionadas. Los legisladores Santiago de Estrada y Jorge Enríquez son los principales testigos que sostienen que la sesión legislativa no pudo llevarse a cabo por la “coacción” de los manifestantes. Mientras tanto, hay otro grupo de diputados que declaró en la instrucción que el debate legislativo había sido levantado antes de los incidentes por falta de quorum.

Lo que dicen los legisladores

A fines de 2004 LAVACA entrevistó a varios legisladores porteños para conocer sobre sus percepciones acerca de lo ocurrido en la Legislatura.

SILVIA LA RUFFA del kirchnerista Frente para la Victoria, tuvo un altercado con Margarita Meira, una de las acusadas. Esto dijo LA RUFFA aquella vez:

- No tengo ningún cargo contra Margarita ni los que estaban ahí que se autoidentificaban como vendedores ambulantes. Son los gajes del oficio de la política. Creo que hasta las 2 ó 3 de la tarde se vivió una situación fuerte. El resto... ojalá no hubiera ocurrido. La violencia no es una buena metodología para la política, pero no creo que tampoco se pueda hablar de privación ilegítima de la libertad.

- O sea que los incidentes que usted vivió no se encuadran con los delitos que imputan a los presos y presas.

- Para nada, yo estaba en la calle, de hecho volví y eso está grabado por televisión. Fue simplemente un altercado.

- Y no coacción agravada.

- Cualquiera que haya estado en una interna partidaria seguramente ha recibido presiones mucho más fuertes que esa. Y nadie hablaría de coacción.

Fernando Melillo, entonces diputado del ARI, ahora separado de dicha fuerza, dijo a LAVACA sobre la aplicación de figuras como la coacción agravada o la privación ilegítima de la libertad:

- Si se aplican estas figuras, todos los que hemos manifestado en los últimos 30 años tendríamos que estar presos. (...) Se los acusa de algo que no los acusamos ni siquiera nosotros mismos, que seríamos las supuestas víctimas.

Ana Suppa, del Frente para la Victoria:

- Era legítimo que los vendedores ambulantes organizados, o AMMAR, estuvieran protestando. La protesta social es legítima.

Fernando Cantero, del ARI:

- Aquí se ha invertido la carga de la prueba. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso es al revés. La justicia tiene que resolver, pero para eso tiene que haber aportes objetivos y verídicos. Pero creo que hay toda una corriente que ha aportado a esta causa en términos ideológicos, para castigar a quienes reclaman, en lugar de buscar la equidad de la justicia, y el equilibrio. Hay que tratar, en esta causa y en todas, de lograr un equilibrio para que no paguen siempre los inocentes por delitos que no cometieron.

La acusada sin acusación

Las irregularidades de la instrucción son tan evidentes que, por ejemplo, Marcela Sanagua ni siquiera fue mencionada en el requerimiento de elevación a juicio oral. Por lo tanto, no hay acusaciones concretas que pesen sobre ella. Sin embargo, estuvo 14 meses detenida en Ezeiza y ahora deberá sentarse en el banquillo para demostrar que no hizo lo que nadie la acusa que hizo. Este tipo de actuaciones, llevó al Centro de Estudio Legales y Sociales a presentarse como veedor del proceso oral. Algunos de los abogados del CELS plantearon que las detenciones han constituido una violación a los derechos humanos.

Según varios de los abogados defensores, el único cargo que el tribunal podría sostener con cierta lógica jurídica y política para algunos -nunca para todos- de los acusados es el de daños calificados. Un puñado de los procesados aparecerían en los videos tirando piedras contra la Legislatura, pero en ningún caso -opinan- justificaría la prisión efectiva como pena.

El juicio se llevará a cabo en dos sedes. Comenzará en la sala de la Cámara Civil y Comercial Federal, ubicada en la planta baja del Palacio de los Tribunales (donde se realizó, por poner un marco histórico, el juicio a los ex comandantes en 1985), y hacia mediados de octubre las audiencias se trasladarán al edificio de Comodoro Py, al mismo recinto donde se realizaron las audiencias del juicio por el atentado a la AMIA. A lo largo de 17 jornadas, están previstos 165 testigos y numerosas proyecciones de videos, principal prueba que presentará el Ministerio Público, encargado de llevar adelante la acusación.

Cronograma

En las primeras dos audiencias, el fiscal Juan José Ghirimoldi será el encargado de leer los cargos y si alguno de los imputados lo desea, podrá tomar la palabra. En las citas subsiguientes comenzarán a declarar los policías que detuvieron a los manifestantes y empleados de la Legislatura. A partir del 17 de octubre, cuando el Tribunal ya se haya mudado a Comodoro Py, será el turno de los legisladores y de representantes de organismos de derechos humanos, como Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo.

Si no hay demoras inesperadas que alteren el cronograma, el 23 de octubre el fiscal debería presentar su alegato final y ocho días después están previstas las últimas palabras de los acusados y el veredicto, lo que hace pensar que el Tribunal no tomaría en cuenta la voz de los procesados a la hora de decidir el fallo. Esta no es la primera vez que el Tribunal Oral en los Criminal 17 tiene una causa de alto impacto. Ya ocupó la primera plana de los diarios cuando condenó al entonces jefe de la barra brava de Boca, José Barrita, y a la banda de secuestradores VIP liderada por Raúl Chirola Monti.

Los 14 acusados - Pablo Martín Amitrano, César Gerez, Héctor Gómez, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Javier Scaramella, Jorge Nieva, Eduardo Ruiz, Antonio Medina, Jesús Fortuny Calderón, Carmen Ifran, Marcela Sanagua y Margarita Meira- no presentarán un defensa en común. Algunos tendrán abogados particulares y otros de organismos defensores de los derechos humanos o ligados a agrupaciones de izquierda. Entre ellos estarán la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Profesionales en Lucha, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, entidad que diseñó la reforma policial en la provincia de Buenos Aires, en la primera gestión de León Arslanián, abortada cuando el entonces candidato duhaldista a gobernador, Carlos Ruckauf, exigió 'meterle bala a los delincuentes'.



Por: LAVACA