Fuente: Noticias Urbanas

Organizada por la legisladora kirchnerista SILVIA LA RUFFA, el ex ministro de Justicia de San Pablo y director de la ONG SOU da Paz de Brasil, Denis Mizne, expuso en la conferencia sobre la implementación de políticas públicas de desarme civil en su país

Por María José Pérez Insúa

El pasado viernes 11, en el Salón Presidente Perón de la Legislatura porteña, la legisladora SILVIA LA RUFFA (Frente para la Victoria) organizó una conferencia sobre desarme civil en la que el ex ministro de Justicia de San Pablo y director de la ONG SOU da Paz de Brasil, Denis Mizne, expuso sobre la implementación de políticas públicas de desarme civil en su país.

Tuvo lugar en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Desarme Civil Voluntario presentado por la diputada LA RUFFA que apunta a disminuir los niveles de violencia provocados por armas de fuego.

El encuentro también contó con la participación de Darío Kosovsky, director del Programa de Seguridad Ciudadana del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y el diputado Oscar Zago (Juntos por Buenos Aires).

En primer término Darío Kosovsky reclamó “una política de control integral de armas”, luego de explicar que en la Argentina se produce una muerte por arma de fuego cada tres horas. “Esto se enmarca no tanto en temas de seguridad sino en conflictos vanales (situaciones de tránsito, problemas vecinales y familiares)”. Más tarde precisó que “todas las armas de fuego nacen en la legalidad y como el Estado a través del tiempo les pierde el rastro, se transforman en ilegales”.

Al promediar su discurso Kosovsky explicó que “una política de control integral de armas se apoya básicamente sobre tres aspectos: una política de control efectiva; perseguir el tráfico ilegal de armas; y la reducción del circulante”. Respecto del proyecto de LA RUFFA el especialista explicó que éste “apunta sólo a reducir los índices de violencia, no resuelve las situaciones de inseguridad lo que a algunos le parecerá poco, pero a nosotros mucho”.

A continuación Denis Mizne expuso la experiencia brasileña en torno al control integral de armas en su país. “La diferencia (entre ambos países) son las cifras: en Brasil muere una persona cada 13 minutos por arma de fuego. Lo que representa que 100 personas mueren por día en Brasil por armas de fuego. Es la primera causa de muerte en ese país”.

Luego de explicar que en Brasil el proceso de desarme comenzó hace diez años, consideró oportuna la sanción en diciembre de 2003 del Estatuto del desarme por parte del congreso de su país, como herramienta para encarar esta problemática. En este sentido, Mizne apuntó que dicho mecanismo legal “prohibió la portación de armas en la calle”, y permitió, entre otros aspectos, “un mayor control en el circulante de armas; limitó el tema de las licencias y prohibió la compra de armas a menores de 25 años”.

Por su parte, el ex funcionario informó también que en Brasil, se implementó una campaña “exitosa” de desarme de armas de fuego que contempló una compensación financiera para el que entregaba un arma, antes de que esta fuera vendida al mercado ilegal.

Estas exposiciones se realizaron en el marco del debate originado por la presentación del proyecto de ley, de autoría de la diputada Silvia La Ruffa, que propone una política pública de sensibilización y concientización sobre los riesgos de tener y/o portar armas de fuego.

En este sentido, se plantean en la iniciativa legislativa, una serie de objetivos a cumplir a través del Programa de Reducción de uso y tenencia de armas de fuego: reducir los niveles de violencia con armas de fuego, concientizar a la población en general sobre las consecuencias negativas de la posesión y uso indebido de las armas de fuego, realizar campañas con el objeto de reducir la incidencia de la violencia con armas de fuego, recolectar armas de fuego en forma anónima y voluntaria, reducir el número de armas disponibles, motivando a los ciudadanos a entregar anónimamente armas de fuego dando un incentivo a cambio y disminuir el número de accidentes y casos de violencia doméstica. Las armas recolectadas serían remitidas al RENAR para su destrucción.