Fuente: El Informatorio - Radio Palermo FM 94.7

Conducción: Marcelo Mendieta (h)

“La empresa Metrovías actúa con un grado de soberbia pocas veces visto. Yo me he tratado de comunicar con autoridades de la empresa y no respondieron mi llamado… Por lo cual he iniciado un pedido de informes y no está lejano que, si no contestan el pedido de informes en tiempo y forma, iniciemos acciones judiciales como particular damnificado que soy”, advirtió el diputado porteño Jorge Enriquez (Juntos por Buenos Aires), a más de 15 días de las dos violaciones denunciadas en la estación Callao del subte B, y de cuya investigación no se conocen novedades.



En tanto, la diputada del Frente para la Victoria, SILVIA LA RUFFA, a la sazón presidente de la comisión de Seguridad de la Legislatura de la ciudad, sostuvo que “a partir de estos hechos terribles, se incrementó la presencia policial en el subte”.

Y adelantó a El Informatorio que “el próximo lunes 17, a las 15, se van a reunir las comisiones de Seguridad y de Transportes de la Legislatura con el secretario de Seguridad de la Ciudad, un representante de la empresa y la defensora del pueblo para conversar sobre esos hechos y todo lo que hace a la seguridad en el subte. No sólo la cuestión delictual sino también el matenimiento, ya que hace poco tuvimos el descarrilamiento de un subte”.



(N. de R. El conductor de El Informatorio, Marcelo Mendieta, aclaró que se comunicaron tanto con Subterráneos de Buenos Aires SE como con la concesionaria Metrovías pero no obtuvieron respuesta).



En diálogo con el programa que se emite los lunes de 16 a 17 por Radio Palermo FM 94.7, el legislador macrista Jorge Enriquez dio detalles insólitos sobre la seguridad en el metro.



Aseguró que “las 5 líneas de subtes tienen 69 estaciones, hay 40 kilómetros de túneles y 204 efectivos policiales, divididos en 2 turnos. Un millón de usuarios circulan por día. La línea B transporta 230 mil pasajeros y la D 300 mil por día. La empresa nos dice que sólo recibieron 20 denuncias en lo que va del año. Pero cómo va a denunciar la gente si, primero, tiene que pagar un arancel y después le dicen que es difícil que recupere si le robaron un reloj, un celular”.



“Había 188 vigiladores privados que fueron incorporados al régimen de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), como reclamaban los gremialistas, así que para la empresa ya no cumplen funciones de seguridad”.



“Hay 69 estaciones de subte y sólo 28 tiene cámaras, y las cámaras están destinadas a que la gente no pase sin pagar. Me parece muy bien que controlen porque me parece muy mal que la gente pase sin pagar. Pero hay un bien jurídico superior a tutelar que es el de la vida”, argumentó Enríquez, antes de avanzar sobre el delito de violación en general.



“A este violador, apodado Satanás, le dan 37 años y medio de prisión. A un chacal y en cualquier parte del mundo merece, lo mínimo, prisión perpetua”, apuntó.

“Nosotros con el diputado Helio Rebot quisimos hacer un registro de violadores y nos dijeron que los estábamos estigmatizando. Cuando el violador es que el más índice de reincidencia tiene”, recordó el diputado.



Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) también se refirió a los lineamientos generales de la política anti-criminal, al mismo tiempo que brindó alarmantes cifras sobre el delito en la Argentina.



“Hay que abandonar el mundo de la violencia y terminar con esta fragmentación marginal, y sustituirlo por una integración solidaria. Y esto pasa por el cumplimiento efectivo de la ley. También es importante que el servicio penitenciario y las cárceles no sean el posgrado del delito”.

“He presentado hasta el hartazgo modificaciones al Código Contravencional para que se incorporen figuras como el acecho, el merodeo. Una falsa percepción de las libertades individuales hace que la gente confunda autoridad con autoritarismo. Y orden con la paz de los sepulcros”.

“Pensamos que represión es asesinar. Pensamos en Kosteki y Santillán. Y eso es barbarie. Cuando el Estado reprime es porque con todo su aparato represivo, policía, Justicia, servicio penitenciario, restaura un orden jurídico resquebrajado. Contiene, sanciona. Y esto tiene un efecto disuasivo. Porque si el que hace sabe que no la va a pagar…”

“El 6 por mil de quienes son denunciados por cometer delito cumple efectivamente la condena”.

“Hay 50 mil personas que se encuentran prófugas de la Justicia. En la Argentina se cometen 1 millón doscientos mil delitos al año, que son los que se denuncian. Solamente el 30%”.

“El 83% de la gente ha sido víctima de un robo en lo que va del año o ella o alguien de su familia”.

“Al ministro del Interior, Aníbal “francotirador” Fernández, no le gusta que uno diga estas cosas… porque dice que uno agiganta la sensación de inseguridad. Lo peor que nos puede pasar es no reconocer el problema”.



A su turno, la diputada SILVIA LA RUFFA (Frente para la Victoria) se mostró entusiasmada con la inminente reunión del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, convocado hace 2 semanas por el jefe de gobierno Jorge Telerman.



“El Consejo –opinó la legisladora kirchnerista- debe trabajar en la creación de un observatorio de la seguridad en la ciudad, entrecruzando los indicadores entre la policía, la gendarmería, de la Justicia, para tener el mejor diagnóstico. Y tiene que trabajar en la promoción masiva de la participación ciudadana en materia de seguridad, el lanzamiento del plan de prevención del delito, la creación de foros alrededor de las comisarías en las que estén presentes los vecinos y sus organizaciones, la policía y las autoridades locales”.



Asimismo, LA RUFFA sostuvo que “el Consejo va a ser un buen escenario para discutir un programa de desarme ciudadano que estamos trabajando en este preciso momento en la comisión de Seguridad… que implica una fuerte campaña de concientización… y se puede proponer un canje… para que el que posee un arma la entregue… y que sea el Renar (Registro Nacional de Armas) el que se encargue de destruirla”.



Finalmente, coincidió con otros diputados de la oposición, aunque con matices, sobre la necesidad de lograr una autonomía plena.

“La ciudad tiene que seguir reclamando por su mayor autonomía y tener así su propia policía. Pero se puede tener una política de seguridad propia y coordinar acciones con el gobierno nacional”, dijo SILVIA LA RUFFA antes de concluir su charla con El Informatorio.