Fuente: La Nación


La Legislatura porteña mostró su preocupación por la reiteración de ataques sexuales en la estación Callao del subte



El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, convocó a los miembros del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la ciudad a reunirse en plenario el mes próximo, por primera vez desde que su estructura fue modificada por la Legislatura en mayo último.

El dato no resulta menor. Más allá de la existencia de un mandato legal vencido, la cita ocurre en medio de la multiplicación de denuncias por delitos cometidos en el subte y luego de que llovieran críticas de los diputados porteños por la falta de índices de delito y victimización fidedignos, además de reclamar la transferencia de la Policía Federal a la Capital.

La Legislatura acaba de aprobar una declaración en la que el cuerpo expresó su preocupación por la inseguridad en los subterráneos y designó a los legisladores Jorge Enríquez (aliado al macrismo) y Pablo Failde (ARI) para terminar de definir el grupo de cinco diputados que integran el Consejo de Seguridad, que depende del Ministerio de Gobierno porteño. Los otros tres son la kirchnerista SILVIA LA RUFFA (Frente para la Victoria), Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad) y la ibarrista Laura Moresi.

El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito fue creado por la Constitución porteña, que lo describe como un órgano "honorario y consultivo, integrado por los representantes de los poderes de la Ciudad y los demás organismos que determine la ley respectiva" para "consulta permanente del Poder Ejecutivo en las políticas de seguridad y preventivas".

Con este objetivo, y en momentos en los que la Capital registra un rebrote de inseguridad, Telerman convocó por decreto al plenario del consejo para el 14 del mes próximo, según informó a La Nación LA RUFFA, poco después de haber recibido la citación.

Por parte del Ejecutivo local, conforman el plenario del órgano el ministro de Gobierno, los subsecretarios del área y el ministro de Desarrollo Social; a ellos se suman los cinco legisladores y el fiscal general de la ciudad.

Además, hay invitados: un magistrado designado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal y el jefe de la zona del Río de la Plata de la Prefectura Naval.

LA RUFFA -alineada con el jefe del Gabinete nacional, Alberto Fernández- adelantó a La Nación que acercará al consejo una propuesta consensuada por las distintas fuerzas políticas de la Legislatura para que el órgano "lleve estadísticas propias sobre índices de criminalidad y de victimización. Lo primero, lo lograremos mediante convenios; lo segundo, lo puede hacer directamente la Ciudad", sostuvo.

Por su parte, Enríquez consideró que el consejo debe "encarar un trabajo fuerte de diseño de políticas activas, y no sólo declamativo, pero que también esté presente cuando hay situaciones puntuales que exijan una intervención, como la actual".

Temor ciudadano

Según dijo Enríquez a LA NACION, "las causas de la inseguridad son la falta de políticas tanto de prevención como de cumplimiento efectivo de la ley. Con las primeras, se previene el delito; con las segundas, se disminuye la sensación de impunidad e inseguridad. Hoy, más allá de lo que digan las estadísticas -que las ignoramos-, subieron los índices de temor ciudadano".

El desconocimiento de las estadísticas también inquieta al legislador porteño por Recrear Marcelo Meis, que ayer solicitó al gobierno porteño "un relevamiento detallado e información estadística de los delitos que ocurren en la red de subterráneos".

"Mientras la policía no pase a la órbita metropolitana, los delincuentes estarán primero y los porteños seguirán estando segundos -dijo-. No obstante, el gobierno de la ciudad posee un directorio en Subterráneos de Buenos Aires, la sociedad estatal que debe supervisar una estructura que es propiedad de los porteños."

En ese sentido, Meis exhortó al Poder Ejecutivo a informar "si existe un programa específico de prevención de delitos en la red, si existe algún tipo de control sobre Metrovías en relación con la seguridad personal de los pasajeros y si existe una red de cámaras de video por circuito cerrado".

El ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, sostuvo que no es verdad que haya crecido el índice de delitos en la Argentina. Pero no dio a conocer datos sobre la cuestión. "No me burlo mostrando estadísticas sólo para satisfacer mi ego", sostuvo Fernández.

Responsabilidades

Enríquez dividió la responsabilidad entre el Estado y la concesionaria. "Si bien la seguridad es un deber indelegable del Estado, ante hechos lo suficientemente graves como los sucedidos, la empresa no puede desentenderse. Debe disponer seguridad privada y reforzar el circuito de cámaras."

También demandó el traspaso de la Policía Federal al gobierno autónomo el legislador por ARI Enrique Olivera. "Hay un grave problema de gobernabilidad originado en la prohibición a la Ciudad de disponer de seguridad propia", entendió.

En ese sentido, Olivera subrayó que el representante de ARI en el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, Pablo Failde, "tiene instrucciones para instar al consejo a reclamar ante el Congreso nacional la derogación de la ley Cafiero". Por último, el diputado recordó que "la policía local es en todo el mundo más eficaz en la prevención de los delitos comunes que ocurren en las ciudades".

LA RUFFA, obviamente defensora del gobierno nacional, desmereció esa hipótesis. "No hay que confundir a los vecinos -señaló a LA NACION-. Algunas provincias con policía propia tienen índices más altos de delitos que la Capital."

Por Angeles Castro