Fuente: Clarín

Aníbal Ibarra no logró su propósito. Los integrantes de la Comisión Investigadora de la Sala de Acusación de la Legislatura porteña sólo le concedieron 5 de los 15 días hábiles de prórroga que el jefe de Gobierno de la ciudad había solicitado para presentar su descargo contra la acusación de "mal desempeño en sus funciones" por el caso Cromañón, acusación que puede derivar en su enjuiciamiento político.

Ibarra, quien originalmente debía presentar ayer mismo su descargo, quedó así citado para hacerlo el próximo 5 de septiembre, a las 10.

El jefe de Gobierno había planteado el jueves su pedido de prórroga para el descargo, en el que según sus allegados pretenderá demostrar que la comisión de la propia Legislatura que investigó la tragedia en el local "República de Cromañón" habría actuado "con poca seriedad y evidente intencionalidad política".

La decisión de acotar de 15 a 5 días hábiles la prórroga pedida por Ibarra fue tomada ayer en una reunión de la Comisión de la Sala Acusadora que fue seguida por familiares de las víctimas de Cromañón.

Estuvieron ausentes en el encuentro la diputada oficialista Sandra Dosch y los kirchneristas Diego Kravetz y Miguel Talento.

En contra del pedido de Ibarra votaron su ex funcionario y ahora diputado Ariel Schifrin; Fernando Melillo, del ARI; los izquierdistas Daniel Betti y Rubén Devoto, y el lopezmurphysta Jorge Sanmartino.

A favor de concederle la prórroga se pronunciaron la diputada kirchnerista SILVIA LA RUFFA y los macristas Marcelo Godoy, Martín Borrelli y Alvaro González.

También, los diputados de la comisión investigadora de la Sala Acusadora decidieron suspender la audiencia a la síndica General de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamente, prevista para el 29 de agosto, hasta tanto se resuelva una medida cautelar dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Superior de Justicia había ordenado a los legisladores porteños suspender las actuaciones en el marco del juicio político a la síndica, a partir de una medida cautelar interpuesta por el gobierno porteño.

El Ejecutivo solicitó la intervención de la Justicia por entender que la Legislatura no tiene facultades para someter a juicio político a Sánchez de Bustamente.

Así fue que ayer la comisión investigadora decidió acatar la decisión judicial, por lo que suspendió la audiencia a la Síndica y solicitó al vicepresidente segundo del cuerpo, Santiago de Estrada, que se presente en la causa como representante legal del cuerpo.