Fuente: BAE

Después de la accidentada audiencia pública del pasado 30 de octubre que finalmente el Gobierno de la Ciudad pudo imponer ante la Legislatura porteña para presentar la postulación de su candidata al Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires, Daniela Bruna Ugolini, ayer el Partido Justicialista en pleno, anticipó mediante conferencia de prensa, que los legisladores de esa fuerza "no acompañarán" la propuesta del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para que Ugolini integre el máximo tribunal porteño. Y fundamentaron el rechazo a la propuesta "en las diferencias con la administración" y por haberse dado "en un marco controvertido y de dudosa constitucionalidad".

La decisión la comunicó el titular del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien estuvo acompañado del secretario de Culto, Guillermo Oliveri, los legisladores Andrés Rodríguez, Sebastián Gramajo, Silvana Pedreira, Christian Asinelli, Silvia La Ruffa y Alicia Bello; y el titular del congreso del PJ porteño, Víctor Santa María, entre otros.

El PJ porteño cuenta con cuatro legisladores, Olmos, Pedreira, Inés Urdapilleta y Dora Mouzo, a quienes se suman los legisladores de Identidad Porteña, La Ruffa, Bello y Asinelli. La decisión de este bloque complicaría la designación de la candidata macrista, pues para su designación, la magistrada necesita el respaldo de 40 legisladores para la aprobación del pliego.
La decisión del peronismo porteño, explicaron, "tiene que ver con sus dictámenes durante la época de los ex jefes de Gobierno Enrique Olivera y Aníbal Ibarra".

La postura del PJ generaría un nuevo revés para el oficialismo que había logrado desactivar seis amparos de jueces de primera instancia del fuero contencioso administrativo y tributario mediante una especie de “per saltum”, que llevó la decisión al Tribunal Superior de Justicia, alegando conflicto de poderes, De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, “al haberles sido retirados de sus juzgados los expedientes en los cuales se realizaba el control de constitucionalidad respecto del procedimiento de selección de la candidata”, el Tribunal intentó un “disciplinamiento del que son víctimas los jueces de primera instancia” y evitó así el normal proceso de apelaciones ante sus decisiones.

De hecho, el voto en contrario de la jueza del máximo tribunal, Alicia E. C. Ruiz, avala que “la intervención del Tribunal Superior aparece como un intento de disciplinamiento de los jueces de las instancias ordinarias que no guarda coherencia con el sistema y el orden democrático, al punto de violar la garantía del juez natural y el principio de independencia judicial, por vía del per saltum”.

El nombramiento de Ugolini no sólo está impugnado por saltear los procedimientos, sino que se cuestiona su idoneidad “porque significaría un fuerte retroceso en materia de derechos sociales”. Es recordado su fallo como fiscal contra una exposición del artista plástica León Ferrari y su posición en contra de los derechos de la mujer en materia de salud sexual y reproductiva.