Fuente: Ciudad1

El titular del partido en la Ciudad, Juan Manuel Olmos y otros legisladores de la fuerza adelantaron que no votarán para que asuma la fiscal y candidata PRO, Daniela Ugolini, para integrar el Tribunal de Justicia.

En la sede del PJ de la Ciudad (San José 181), Olmos (foto), Andrés Rodríguez, Víctor Santa María, Guillermo Oliveri, Carlos Montero, Federico Saravia, Fernando Barrera y los legisladores del partido Silvina Pedreira, Dora Mouzo, Christian Asinelli, Silvia La Ruffa, Inés Urdapilleta, Alicia Bello, Sebastián Gramajo y Juan Cabandié, anunciaron la posición del partido en cuanto a la votación sobre Ugolini: ninguno va a apoyar la iniciativa oficial para que asuma la fiscal, "por haberse dado en un marco controvertido y de dudosa constitucionalidad".

El partido informó detalles de una resolución que argumenta la desición, en la que coincidirán con legisladores de Encuentro Popular para la Victoria, e Identidad Porteña, quienes meses atrás conformaban junto al PJ el bloque del Frente para la Victoria.


El procedimiento para designar una jueza para el Tribunal de Justicia parte del Ejecutivo, quien debe presentar una terna de candidatos. En este caso, Mauricio Macri propuso sólo una persona. Una vez que las propuestas e impugnaciones llegan a la Legislatura, debe el candidato (Ugolini) ser admitido por la Junta de Etica y su candidatura debe, luego, ir a una audiencia pública. El último paso es una votación entre los legisladores para que se apruebe la designación. En este punto, el Jefe de Gobierno debe conseguir el voto de 40 de los 60 legisladores, pero su partido sólo suma 26.

Esta semana, la Junta de Ética de la Legislatura y la Comisión de Justicia se reunirán para lograr la firma de una resolución que permita llevar al recinto la postulación de la fiscal de Cámara Daniela Ugolini.

Si bien el tema principal de la conferencia fue la designación de Ugolini, los peronistas aprovecharon para desplegar otras críticas a la administració PRO. Olmos puntualizó tres cuestionamientos: "Macri quiere imponer una candidatura que lejos está de buscar los consensos lógicos de la vida democrática. Busca cubrir un cargo de la trascendencia del Tribunal Superior de Justicia con una propuesta ideológicamente afín a sus intereses; insiste con políticas represivas en el espacio público contra personas que se encuentran en situación de calle, y el caso emblemático es el accionar de la UCEP; además, el escándalo suscitado alrededor del espía Ciro James demuestra la utilización del Estado con prácticas contrarias a la ley y al sistema democrático".