Fuente: Clarín

EL CASO DE LAS PINCHADURAS A TELEFONOS DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE LA AMIA

Funcionan dentro del edificio del Ministerio de Justicia. Investigan si Ciro James hacía espionaje desde la cartera de Educación.

Lucio Fernández Moores
lfmoores@clarin.com

Horacio Aizpeolea
haizpeolea@clarin.com

Cuatro oficinas de la nueva Policía Metropolitana, que funcionan dentro del Ministerio de Seguridad porteño, fueron allanadas ayer en el marco de la causa que investiga un espionaje en perjuicio de un familiar de una de las víctimas del atentado contra la AMIA.

El allanamiento fue dispuesto por el juez federal Norberto Oyarbide luego de descubrirse que un detenido por este caso, el ex policía federal Ciro James, usó con asiduidad su teléfono celular en esa zona de la ciudad, presumiblemente dentro del edificio ubicado en la zona de Barracas.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que James "no prestó funciones" en la cartera a su cargo aunque ordenó cuatro sumarios administrativos para determinar si pudo haber estado en el edificio.

"No tengo ningún motivo para renunciar", dijo el ministro.

Montenegro vinculó la investigación judicial con quienes se oponen a la Policía Metropolitana.

"Hay una serie de intereses políticos o económicos que están intentando que esta Policía no salga a la calle", se quejó en conferencia de prensa. Un par de horas antes, legisladores opositores habían exigido su renuncia y pedido su interpelación (ver recuadro).

El allanamiento se focalizó en las oficinas del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro; su segundo, Roberto Ontiveros; la del superintendente de Personal, Eduardo Orueta; y en la de otro policía también llamado Ontiveros, según dijeron fuentes cercanas a la investigación.

Los investigadores se llevaron del lugar legajos, documentación y discos rígidos de computadoras.

Estas pruebas serán cruzadas con las obtenidas el lunes en otros cuatro allanamientos realizadas en oficinas privadas vinculadas a Chamorro y su antecesor, Jorge "Fino" Palacios.

Chamorro reemplazó a Palacios al frente de la Fuerza -que aún no hizo su estreno oficial- luego de que éste renunciara tras las críticas recibidas de parte de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA por su actuación en esa investigación. Palacios terminó allí procesado por encubrimiento.

Montenegro admitió que James -a quien se le secuestraron en su casa aparatos para interceptar teléfonos- gestionaba su ingreso a la nueva Policía Metropolitana.

Sin embargo, aseguró que ocultó su paso por la Policía Federal -en la que estuvo hasta agosto, en el área que supo estar a cargo de Palacios--, tanto en sus gestiones ante el ministerio a su cargo como en el contrato que consiguió en el Ministerio de Educación de la Ciudad. La Justicia trata de determinar si James hacía espionaje bajo el disfraz de un contrato en otra dependencia.

James es la persona a la que un policía misionero también detenido señaló como quien le dio los datos para pedirle a un juez de Posadas intervenir la línea telefónica de Sergio Burstein en una investigación contra piratas del asfalto y un homicidio. Burstein es uno de los familiares de AMIA que se oponía a la designación de Palacios.

James pidió ayer su excarcelación. Lo más probable es que se la rechacen por un posible entorpecimiento de la pesquisa en caso de libertad.

Fuentes judiciales estimaron que en los próximos días será procesado. Y no descartan medidas contra Palacios y Chamorro. Además, se investigarán todos los llamados del misterioso James.

La oposición denuncia "encubrimiento"

La oposición macrista intentará hoy realizar una sesión legislativa para
impulsar las interpelaciones de los ministros porteños Mariano Narodowski y Guillermo Montenegro

Los legisladors opositores quieren que los ministros den explicaciones sobre "el caso Ciro James", el policía federal investigado por la Justicia y que fuera contratado durante más de un año por el gobierno porteño, sin que se sepa aún qué función oficial cumplía.

"El ministro de Seguridad Montenegro está mintiendo y encubriendo un sistema de escuchas ilegales", afirmó Aníbal Ibarra.

Junto al ex jefe de Gobierno estuvieron los legisladores Sergio Abrevaya y Diana Maffia (Coalición Cívica), Eduardo Epszteyn y Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires), Martín Hourest y Liliana Parada (Igualdad Social), Verónica Gómez (Partido Socialista), Patricia Walsh (Nueva Izquierda) y Silvia La Ruffa (Identidad Porteña).

Todos críticaron a los ministros y al jefe de gobierno Mauricio Macri, pero no se escucharon exigencias de renuncia a los funcionarios.

"Estamos en presencia de un Watergate porteño", calificó Epszteyn. "El jefe de los silencios tiene que hablar", agregó Abrevaya, apuntándole a Macri.

La oposición debe reunir 31 legisladores para sesionar. El macrismo tiene 26 representantes, más una aliada (la ex kirchnerista Ivana Centanaro). El interrogante anoche caía sobre los pasos a seguir por el bloque peronista y sus cuatro integrantes. De haber quórum, la oposición necesitará luego contar con las dos terceras partes de los votos para imponer el temario. Se descuenta que en ese caso, el bloque macrista bajará al recinto para bloquear el pedido de interpelación. El ministro Montenegro anticipó que irá a la Legislatura si lo llaman.