Fuente: Revista Caras y Caretas

Por Luis Freitas

Sobre los aspectos polémicos de la implementación de la Policía Metropolitana, Caras y Caretas habló con Fernando de Andreis, diputado del PRO; Claudio Suárez, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de Políticas de Inclusión; la legisladora Silvia La Ruffa (FPV), y el ex comisario Luis Vicat.

El jefe de gobierno porteño hese a las disposiciones de la CC) Ley de Seguridad Interior autorizó a incorporar militares en actividad a la Policía Metropolitana, vetó la norma votada por la Legislatura que creaba un Comité de Seguimiento de la actuación de la fuerza y decidió no requerir a sus cuadros el título secundario, como lo exige la ley 2.894. Además, el nuevo jefe designado es el ex comisario de la Federal Jorge "Fino" Palacios, denunciado en la causa Amia por presunto encubrimiento y despedido de la fuerza por su vinculación con los autores del secuestro de Axel Blumberg. Demasiados puntos ríspidos para una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la ciudad.

POLICÍAS MILITARES

Silvia La Ruffa: El decreto 210/09 va contra la Ley de Seguridad Interior y contra la Ley de Seguridad Pública de la Ciu dad de Buenos Aires que prohíhe que quien integre la Policía Metropolitana pertenezca a las Fuerzas Armadas. Si bien este es un punto que incluía el proyecto original de Policía de Mauricio Macri, el trabajo en comisión y el debate parlamentario fueron claros en esto: los militares están capacitados para la defensa exterior, las policías y fuerzas de seguridad para la seguridad pública.
Fernando de Andreis: En ninguna parte del decreto 210/09 se expresa que no se exigirá como requisito el título secundario al personal proveniente de otras fuerzas. La ley 2.947 del estatuto del personal de la Policía Metropolitana establece que el personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, que se incorpore hasta diciembre de 2011 y que no posea el título secundario completo, tendrá un plazo de tres años para que dicha exigencia sea cumplimentada. Luis Vicat: La incorporación de militares en actividad marca una reorientación preocupante en los parámetros de conformación de la nueva policía metropolitana. También es llamativa esta nivelación "hacia abajo" al incorporar personal sin estudios secundarios completos, lo cual sin perjuicio de que en algún momento los completen, ah initio marca una merma en los conocimientos que quizá redunde negativamente en aquellos otros que por formación deban adquirir. Claudio Suárez: Si bien incorporar miembros de las Fuerzas Armadas no viola explícitamente la Ley de Seguridad Interior, es claro que no se corresponde con su espíritu general. El decreto 210/09 no favorece la creación de fuerzas de seguridad democráticas o la democratización de las existentes. ¿Qué funcionario político podrá mandar en una fuerza que se constituye por la preselección hecha por su jefe antes de ser designado y que incorpora a sus ex camaradas de los cuales ya era jefe en otra institución? Esto no hace más queconsolidar el autogobierno uno de los problemas más graves de nuestro sistema policial en una fuerza que ni siquiera salió a la calle.

EL CASCABEL AL GATO

S. L. R.: Claramente, Mauricio Macri no quiere ser controlado en la puesta en marcha del Sistema de Seguridad Pública y fundamentalmente en las primeras etapas de implementación de la Policía Metropolitana. Ese era un proyecto de mi autoría junto al diputado Pablo Failcle pensado como un órgano de seguimiento y control que asesora tanto al Ejecutivo como al Legislativo casi online y con profesionales que se dedicaran exclusivamente a esa tarea.
F. de A.: Según lo establece la Constitución, una de las principales funciones de la Legislatura es respetando la división de poderes la de controlar los organismos públicos, entre ellos, la Policía Metropolitana. Por otro lado, la ley establece la creación de una auditoría externa para controlar aspectos normativos, de procedimiento, de gestión por resultados y por impactos del funcionamiento. También se crea el programa de participación ciudadana para el seguimiento del accionar de la fuerza a través del cual el Ministerio de Justicia puede asegurar la participación de los porteños en los procesos de evaluación.
L. V : No es posible concebir una fuerza que no tenga control externo so pena de repetir el esquema corporativo instalado en otras fuerzas y que tantos problemas ocasionara en el pasado y aún a la fecha. Las corporaciones tienden a una suerte de "endogamia" que sin control legislativo las aislaría y paradójicamente la orientaría en este caso a un modelo cerrado y no al abierto de participación e integración comunitaria que se declama.
C. S.: Si hay voluntad política y decisión de los legisladores, el control normativo se puede establecer con eficacia, supliendo la Comisión de Seguridad esta función que podía tener el comité. Me preocupa más la discrecionalidad en la constitución del instituto de auditoría policial, ya que a las condiciones laxas que impuso la ley se le agrega un concepto que se impone en esta "nueva" policía de que todo debe ser manejado por funcionarios con estado policial.

CURRÍCULUM VERSUS DENUNCIAS

S. L. R.: Una antigüedad de 35 años en la fuerza y las condecoraciones por sí mismas (sin saber quién condecoró, ni en qué circunstancias y por haber alcanzado qué objetivos) no son reflejo de las aptitudes del comisario (RE) Palacios para integrar la institución y mucho menos para conducirla. Personalmente creo que los cuestionamientos que pesan sobre Palacios son suficientes para objetar su nombramiento y exigir que se revea esa designación. Este nombramiento refleja claramente la concepción de seguridad de Macri. F. de A.: El ex comisario Palacios no fue despedido, está retirado de la Policía Federal. Incluso Juan Carlos Blumberg señaló que su vinculación con los autores del secuestro de su hijo no es real. Con respecto a la causa Amia, se lo acusa de haber avisado a un sospechoso que se lo estaba persiguiendo, cuando fue él mismo quien lo metió preso. No es cierto que las denuncias sobre Palacios no han sido tenidas en cuenta a la hora de decidir su designación. El ministro Montenegro se ocupó de analizarlas en profundidad y determinó que no existen pruebas contundentes que lo comprometan. Palacios cuenta con una trayectoria de 35 años y es el oficial más condecorado de los últimos veinte años: recibió distinciones de la DEA, del FBI y de la Daia.
L. V.: Resultaría apropiado que el nombramiento del jefe de una fuerza de las características declamadas (comunitaria, de participación vecinal) sea sometido a control y eventual debate parlamentario. Aún más, el cargo debería recaer en manos de un funcionario profesional en temas de seguridad que no haya pertenecido a fuerza alguna (lo que podría condicionarlo por relaciones, amistades, compromisos y noción de pertenencia), sin perjuicio de que su plana mayor operativa sea conformada por personal o ex personal policial o de seguridad. C. S.: La designación de un funcionario con imputaciones sobre presuntos delitos en causas que permanecen impunes, que en sus opiniones no condena el terrorismo de Estado y que pretende reproducir una cultura organizativa retrógrada y tradicional del sistema policial, nos permite pensar que la política de seguridad que se promueve poco reparo tendrá en la justicia y la democracia y no mejorará la seguridad.