Fuente: Noticias Urbanas

En la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura porteña sometería el Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana. El proyecto establecería la necesidad de la firma de un convenio con la Caja de la Policía Federal, propondría la profesionalización de la fuerza y la integración del cuerpo por hombres y mujeres de manera proporcional. La discusión se centrará en el requisito de título universitario para las autoridades superiores, la posibilidad de que la ciudadanía impugne a los conductores y la sindicalización del personal civil.

Por Angie Carnevali

Luego del extenso debate que generó la sanción de la ley que creó la Policía Metropolitana semanas atrás, la Legislatura porteña daría tratamiento preferencial en la sesión ordinaria de este jueves al Estatuto de Personal de dicha fuerza. El proyecto cuenta con un despacho de mayoría de la Comisión de Seguridad basado en la iniciativa del diputado macrista Martín Borrelli, y otro de minoría impulsado por la legisladora Silvia La Ruffa, situación que anuncia un extenso debate para lograr un texto consensuado para su aprobación.

Entre los puntos en los que no habría mayores discusiones se destacan la división en el personal entre aquellos que tengan estado policial con funciones de seguridad e investigaciones y los civiles que se concentren en tareas administrativas; el uso de armamento provisto por la institución, uniforme, insignias, atributos y distintivos propios; un escalafón único denominado Escalafón General Policial; estabilidad laboral luego de 12 meses de servicio efectivo; un régimen de carrera profesional del personal; y la integración de la fuerza por hombres y mujeres de forma proporcional. Las Políticas de Género se estipularán en un capítulo específico.

"Necesitamos establecer un régimen previsional especial, pero los legisladores coincidimos en que no es el momento para la creación de una caja, ya que implicaría la generación de un gasto administrativo innecesario. Por esa razón dejaremos en manos del Ejecutivo la capacidad de celebrar un convenio con alguna Caja. La Policía Aeroportuaria lo hizo con la Caja de la Policía Federal con muy buenos resultados", describió a NOTICIAS URBANAS, Silvia La Ruffa.

Más allá de las numerosas coincidencias entre el proyecto oficialista y el impulsado por el bloque K, las principales diferencias que deberán ser superadas en el recinto se centran en tres puntos: profesionalización, transparencia en las designaciones y sindicalización.

"La diferencia central es qué entendemos por una policía profesional. Nosotros proponemos que los mandos superiores tengan como requisito título universitario -cosa que el PRO no propuso- y los medios una tecnicatura en seguridad. También planteamos la necesidad de publicitar los nombres de las autoridades superiores de la conducción y abrir un período de impugnaciones para garantizar la transparencia en las designaciones. Y otro de los puntos en los que diferimos y estamos dispuestos a dar el debate es en lo respectivo a la sindicalización del personal civil sin estado policial, el cual debería poder sindicalizarse y regirse por la ley 471 de empleados públicos. Pensar en la no sindicalización del personal civil nos parece excesivo", describió La Ruffa.

Sobre el último de los puntos, Borrelli fue contundente: "De ninguna manera estamos dispuestos a convalidar la sindicalización del personal civil".

Otro tema que sería sometido a votación es la regulación de la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado, como así también de su grupo familiar. De sancionarse, la ley se establece que la Autoridad de Aplicación deberá garantizar a éstas personas, el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en las instancias relacionadas con él, y su correspondiente traslado. El Poder Ejecutivo local articularía con el Estado Nacional y los Estados Provinciales acciones conjuntas para dar cumplimiento a la norma.

Según informó la Dirección de Prensa de la Legislatura, también podría aprobarse la creación del Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios mediante el cual se otorgarían módulos nutricionales, de acuerdo con las prestaciones que cada uno realice, subsidios semestrales para el sostenimiento de los grupos. Para que los grupos comunitarios puedan acceder a estos beneficios deberán "desarrollar sus acciones en zonas de la Ciudad que no cuenten con servicios gratuitos del mismo tipo que aquellos para el cual solicitan el apoyo o cuando las instituciones que lo brindan no tengan vacantes disponibles"; "presentar ante el organismo responsable un proyecto anual en el que se incorporen los objetivos y tareas que desarrollan y los recursos necesarios para su implementación"; e "incluir, por lo menos, una actividad de contención social adicional a las destinadas a la atención alimentaria".

También se trataría un proyecto del diputado Fernando De Andreis (PRO) por medio del cual, los bienes muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio de la Ciudad, utilizado en escuelas dependientes del Ministerio de Educación local, de los cuales se haya solicitado su baja, podrían ser donados a las asociaciones cooperadoras de cada establecimiento; o en el caso de que no sean de utilidad para dichas cooperadoras o estas no existieran, podrían donarse a escuelas provinciales, de frontera o establecimientos de bien público.

Finalizando el plan de labor, se incluyen dos iniciativas paralamentarias del Jefe de Gobierno, ambas de doble lectura: Una propone la creación del "Sistema de Estacionamientos Subterráneos", la otra del "Sistema de estacionamientos vecinales subterráneos". Para ser sancionados los proyectos de ley deberán, luego de recibir aprobación inicial, ser considerados en Audiencia Pública y finalmente obtener la sanción definitiva del Cuerpo.