Fuente: ADN Ciudad

escrito por Alejandra Lazo

La Legislatura porteña podría crear el Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad. Para aprobar el proyecto impulsado por el macrismo, será necesario el voto positivo de los diputados de la Coalición Cívica. El diputado Sergio Abrevaya acompañó la iniciativa pero con los lilitos nunca se sabe.

Además del proyecto por el cual cataloga con Nivel de Protección Estructural al Colegio La Salle (ver nota) que iba a ser tratado la semana pasada, el temario previsto para la sesión de este jueves incluye proyectos muy variados.

Podría crearse el Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad de Buenos Aires si es sancionado el despacho basado en el proyecto de ley que presentó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

Con esta norma se busca -según se indica en los fundamentos- “evitar la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas, variaciones de capital, etc. de las sociedades comerciales, así como de las demás funciones registrales referidas a los comerciantes individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público”.

El organismo tendría la competencia de fiscalizar las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las fundaciones que tengan domicilio legal en la Ciudad; las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en esta jurisdicción. No en cambio, sobre las sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.

Las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto emitieron un despacho de mayoría, acompañado por el macrismo y por el diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, y tres de minoría: dos proponen el archivo (uno impulsado por la diputada socialista Verónica Gómez y el otro de autoría del diputado Martín Hourest) y el otro, la vuelta a comisión (firmado por los diputados Juan Manuel Olmos, Silvia La Ruffa, Gonzalo Ruanova y Sebastián Gramajo, al que adhirieron Christian Asinelli, Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra).

Para que la iniciativa impulsada por el PRO pueda ser sancionada es indispensable el voto positivo de todos los miembros del bloque macrista y el respaldo de, al menos, cuatro diputados de la Coalición Cívica. Si bien Abrevaya acompañó el dictamen de mayoría, con los lilitos nunca se sabe.

Asimismo, podría sancionarse un proyecto de ley con texto consensuado que procura la regulación de servicios públicos domiciliarios, proponiendo que, ante las infracciones a la legislación sobre defensa del consumidor (Ley 24.240 y sus complementarias) por parte de los prestadores del servicio, “la autoridad de aplicación inicie actuaciones administrativas de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general”.

La iniciativa del diputado Gerardo Ingaramo (PRO) tiene despacho de la Comisión de Consumidores y Usuarios y adhesión de Obras y Servicios Públicos.

Por otra, el Cuerpo podría sancionar una norma modificatoria del Código de Tránsito y Transporte que trata sobre los requerimientos para la obtención de la licencia de conducir, en particular del requisito de saber leer y escribir en idioma español.

Entre los fundamentos del despacho de la Comisión de Tránsito se sostiene que “existe una incongruencia entre el tratamiento que se da por un lado a los turistas, y en general a los no hispanoparlantes poseedores de licencia internacional o de países signatarios (del Cono Sur o adherido a la Convención sobre Circulación por Carretera), y por otro a los extranjeros residentes no hispanoparlantes que desean obtener licencia por primera vez”, a los que se le exige el requisito de saber leer y escribir en español.

Con la modificación impulsada se busca remediar esa situación de desigualdad, tomando como referencia otros países que cuentan con una importante inmigración como Estados Unidos, Canadá (Ontario), España, Italia y Suecia.

La iniciativa parlamentaria corresponde a los diputados Gerardo Ingaramo, Daniel Amoroso, Oscar Moscariello, Marcelo Meis y Roberto Destéfano (PRO).

Mientras que, por el término de 20 años, la Asociación Civil sin fines de lucro La Chiringa tendría el permiso de utilizar a título precario y gratuito, el predio ubicado en la calle Ruiz Huidobro 4228/38, de aprobarse el proyecto iniciado por los diputados (MC) Florencia Polimeni y Juan Cabandié (Frente para la Victoria).

La Escuela Popular de Percusión La Chilinga deberá utilizar el predio para continuar con el desarrollo de sus actividades socio culturales. Nacida en 1995, la Asociación se dedica al estudio, investigación y ejecución de diferentes ritmos afro-americanos, promoviendo nuestra cultura a través de los tambores y la danza.

En tanto, dentro de los despachos con tratamiento preferencial se encuentra el proyecto de declaración impulsado por el diputado Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) por el cual solicita gestiones para la transferencia a la Ciudad de la fiscalización y control del sistema de transporte de subterráneos.

También se designarían los integrantes del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de Subterráneos creada por la Ley 670.