Fuente: Infobae

La Legislatura de la Ciudad sancionó la ley que crea un registro público de comercio y contralor con el objetivo de simplificar los trámites de sociedades

La Legislatura porteña sancionó en la noche del jueves la ley que crea un registro público de comercio y contralor, con el objetivo de simplificar los trámites de sociedades y personas jurídicas y fiscalizarlas.

El registro funcionará como entidad autárquica, bajo la órbita del ministerio de Justicia y Seguridad, informó la Legislatura, que indicó en un comunicado que la norma se aprobó con 30 votos a favor y 15 negativos.

Tal como adelantara iProfesional.com, la ley, enviada por el Poder Ejecutivo comunal, busca "evitar la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas, variaciones de capital, etc. de las sociedades comerciales", según sus fundamentos.

El organismo tendrá "la competencia de fiscalizar las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las fundaciones que tengan domicilio legal en la Ciudad", precisó la Legislatura en un comunicado.

Asimismo, fiscalizará "las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en esta jurisdicción".

En cambio, no podrá controlar las sociedades sujetas a las normas de la Comisión Nacional de Valores.

La ley "significa un nuevo paso hacia la afirmación de la autonomía de la Ciudad", se explica en los fundamentos elaborados por las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales en baseal proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

Entre las facultades del registro están las de "requerir información de todo organismo público o privado y sobre todo documento que estime necesario; realizar investigaciones e inspecciones, recibir y sustanciar denuncias; formular denuncias ante autoridades judiciales, administrativas y policiales y solicitar la intervención de la justicia para requerir auxilio de la fuerza pública".

"El objetivo arquitectónico del organismo será permitir un rápido acceso a la realización de los trámites y, por otra parte, implementar las últimas tecnologías para optimizar la transparencia y accesibilidad de todos los usuarios del sistema", sostuvo el diputado Gerardo Ingaramo (PRO), autor del proyecto de ley.

Los diputados Aníbal Ibarra, Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires), las diputadas Verónica Gómez (Partido Socialista), Silvia La Ruffa (FPV), Patricia Walsh (Nueva Izquierda), Liliana Parada (Igualdad Social), los diputados Martín Hourest (Igualdad Social), Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) y Diego Kravetz (FPV) se manifestaron en contra de la sanción de la ley.