Fuente: ADN Ciudad

escrito por Alejandra Lazo

Pese a que la Ciudad aún ve restringida su autonomía, la Legislatura porteña creó este jueves la versión porteña de la Inspección General de Justicia. Para el macrismo y la Coalición Cívica es un avance que, para los demás sectores de la oposición, constituye sólo la creación de una nueva estructura.


Este jueves la Legislatura porteña creó por 30 votos positivos y 15 negativos el Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la ciudad de Buenos Aires. Con esta norma se busca -según se indica en los fundamentos del proyecto enviado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri- “evitar la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas y variaciones de capital de las sociedades comerciales, así como de las demás funciones registrales referidas a los comerciantes individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público”.

Las Comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto emitieron un despacho de mayoría, acompañado por el macrismo y por el diputado de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, y tres de minoría: dos proponían el archivo (uno impulsado por la diputada socialista Verónica Gómez y el otro de autoría del diputado Martín Hourest) y el otro, la vuelta a comisión (firmado por los diputados Juan Manuel Olmos, Silvia La Ruffa, Gonzalo Ruanova y Sebastián Gramajo, al que adhirieron Christian Asinelli, Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra).

El organismo tendría la competencia de fiscalizar las sociedades comerciales, las asociaciones civiles y las fundaciones que tengan domicilio legal en la Ciudad; las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en esta jurisdicción. No en cambio, sobre las sociedades sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.

El proyecto macrista fue defendido por el presidente de la Comisión de Justicia, Martín Borrelli (PRO), quien castigó duramente a diputados de la oposición por cuestionar la iniciativa asegurando que representa sólo la creación de una nueva estructura administrativa, no un avance en la búsqueda de la autonomía porteña.

En ese sentido, señaló: “Le agradezco al diputado Martín Hourest que nos comunique cuál es su agenda de la autonomía, lástima que el progresismo que él representa nunca ha logrado avanzar en ella. Le aclaro además que hoy vamos por el Registro Público de Comercio, la semana que viene por la policía, y después vamos a ir por los Tribunales Vecinales y muchas más iniciativas en ese sentido, y le aseguro que cuando termine nuestra gestión vamos a tener más autonomía de la que el diputado ha visto alguna vez”.

Además, Borrelli le dedicó unas palabras al diputado Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires, quien había cuestionado duramente la creación de este Registro. “Ibarra sigue siendo un gran orador pero carece de buena memoria. Acá estamos frente a una lucha de intereses para defender a sus ex funcionarios, ya que su ex secretaria Legal y Técnica, Déborah Cohen, está a cargo de la IGJ nacional”.

Por su parte, el diputado de Encuentro Progresista, Raúl Fernández, opinó: “Esto huele a Boca Juniors y a los manejos poco claros que se realizaron dentro de la institución”. “Parecería que las cosas se realizan de manera improvisada”, agregó Fernández en relación al contenido de la cláusula transitoria primera que fija la entrada en vigencia de las funciones del organismo y las supedita a la firma de convenios con el Ejecutivo.

“Voy a votar en contra de la cláusula transitoria segunda en cuánto ésta es poco clara desde el punto de vista legal y puede generar confusiones”, aclaró Fernández en referencia a la disposición que establece por la cual hasta tanto se haga efectiva la transferencia de la Justicia Nacional en lo Comercial de la Capital Federal al fuero comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal al fuero civil de la Ciudad de Buenos Aires, las asociaciones civiles tramitarán ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Sergio Abrevaya, expresó: “La ciudad de Buenos Aires, a partir de su autonomía, tiene la potestad de reconocer jurídicamente a las organizaciones no gubernamentales que se desarrollan en su propio ámbito. Es necesario una IGJ de la Ciudad que sea ágil, que simplifique la posibilidad de reconocimiento de ONG que trabajan sobre los conflictos porteños”.

Finalmente, Abrevaya enfatizó: “Creemos que las asociaciones civiles tienen que tener la facilidad de crearse en el ámbito de la Ciudad y no estar sometidas a regímenes pensados para sociedades comerciales”.

Mientras que el diputado del PRO, Gerardo Ingaramo, dijo: “Este organismo será un ente autárquico, dirigido por un Director que estará secundado con un subdirector y el personal del ente será básicamente personal técnico, con conocimientos en la materia registral asociativa y societaria. A diferencia del ente nacional, el registro porteño agilizará los trámites burocráticos a entidades como las Organizaciones Civiles, que hoy demoran hasta un año en obtener su personería jurídica”.

A lo que añadió: “Queremos mejorarle el acceso al sistema a todos aquellos pequeños y jóvenes emprendedores que quieren trabajar y desarrollarse en la Ciudad. Además, el nuevo Registro apunta a un control mayor sobre las empresas. La Ciudad debe poder controlar a quienes operan en su jurisdicción. Este es un avance más para que la Ciudad se pueda hacer cago de su propio destino, y tener una justicia propia”.

Por su parte, la diputada Patricia Walsh (Nueva Izquierda) defendió la exposición de Hourest, a quien Borrelli calificó también de arrogante. “Acompaño el despacho de minoría y las declaraciones del diputado Hourest, quien nunca me pareció arrogante pero sí considero arrogante a quien lo califique como tal”.

Además de los argumentos jurídicos vertidos por la diputada Silvia La Ruffa para fundamentar el voto negativo del kirchnerismo, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Diego Kravetz, aclaró: “No hay ninguna necesidad ni razón de gastar diez millones de pesos en un organismo nuevo para que algunas pocas personas no tengan dificultades a la hora de llenar formularios”.

Aprovechando que varios diputados del PRO se ausentaron del recinto mientras se llevaba a cabo el debate, el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) pidió que se votara la vuelta a comisión del proyecto. Maniobra que fue inmediatamente cuestionada por el diputado Martín Ocampo (PRO), haciendo tiempo para que los legisladores volvieran a sus bancas.

Frente a lo cual Eszteyn retrucó risueño: “Es vergonzoso que los diputados del oficialismo no estén en el recinto y la oposición esté sosteniendo este debate. Para nosotros esto es una payasada pero para el Ejecutivo es importante, después no aparece en el tablero de control y se enoja (Horacio) Rodríguez Larreta”.

Por último, el diputado Oscar Moscariello manifestó: “Afirmar y reforzar la autonomía porteña es una labor a la cual todos deberíamos avocarnos incondicionalmente. En este sentido, es que el Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas constituye un instrumento para que, a través de un órgano propio, cumpla satisfactoriamente las funciones de registro y fiscalización de los entes, sociedades civiles y comerciales que se establezcan”.

“La efectiva implementación del desempeño del Organismo, se sujeta a la suscripción de los convenios que coordinan su competencia con el Estado nacional. El objetivo, los convenios, es evitar la incertidumbre jurídica que se generaría frente a la posible existencia de dos organismos administrativas que se superpondrían en determinadas materias de tipo comercial y de negocios”, concluyó Moscariello.