Fuente: Página 12

Luego de las críticas que generó en la oposición, el macrismo decidió que la medida sea debatida entre los legisladores. Los salones salían entre 15 y 40 mil pesos por día de alquiler.

Por Werner Pertot

El vicepresidente primero de la Legislatura, Diego Santilli, puso reversa y dejó sin efecto un decreto con el que había fijado precios de alquiler para los salones del edificio histórico. La medida había generado polémica entre los legisladores opositores, que habían interpretado que se trataba de “la privatización de la Legislatura”. “Estaba estableciendo un mecanismo de otorgamiento de los salones. Como algunos diputados armaron revuelo, lo voy a someter al debate de los diputados a ver qué quieren hacer”, explicó Santilli a PáginaI12.

Como informó este diario el 22 de agosto pasado, el vicepresidente primero firmó un decreto en el que dispuso que por alquilar el Salón Dorado –una réplica del Salón del Palacio de Versalles– se pagará una “contraprestación de 40 mil pesos; por el San Martín –menos imponente– fijó un precio de 30 mil pesos, mientras que los salones Montevideo y Jauretche salían 25 mil y el Juan Domingo Perón, 15 mil por día.

El decreto establecía un orden de prioridades que era encabezado por el velatorio de un diputado (por el que no se cobraba) y en séptimo lugar aparecían las solicitudes de terceros, que podían ser “actividades culturales, de divulgación científica, incluyendo proyecciones, exposiciones y filmaciones”. El decreto especificaba también que estaba prohibido alquilarlo “cuando el fin sea comercial o de índole político-partidaria”, aunque la palabra final sobre si es comercial o no queda en manos de la vicepresidencia primera.

Durante las últimas semanas, los legisladores de la oposición cuestionaron el decreto: “La Legislatura no es la empresa privada del macrismo. Vamos a pedir que rectifique la medida”, dijo Patricia Walsh, de Nueva Izquierda. “Me parece una locura cobrar”, sumó Verónica Gómez (PS), quien coincidió con la kirchnerista Silvia La Ruffa. “Es la lógica de la privatización del espacio público”, señaló la ibarrista Gabriela Alegre. “El macrismo tiene el objetivo de cobrar por el uso del espacio público”, analizó Diana Maffía, de la Coalición Cívica.

Santilli defendió su decreto y señaló que sólo modificaba los precios del reglamento ya existente: “Lo que hicimos es generar un valor actual para el alquiler. No puede seguir saliendo veinte pesos el Salón Dorado. No se pueden hacer ni eventos, ni casamientos, ni cumpleaños feliz. No estoy en la venta de salones”, advirtió. El macrista recordó que el primero en implementar la normativa fue Jorge Enríquez, a quien algunos legisladores todavía le recuerdan que organizó un fastuoso evento por los 75 años de la Legislatura... el mismo día de su cumpleaños.

Sin embargo, quien reglamentó el alquiler de los salones fue el radical Cristian Caram, en 2002. En el decreto que firmó Caram no se mencionaban precios de alquiler y se dejaba sentado simplemente que los gastos de catering quedarían por cuenta de los organizadores. El reglamento era más restrictivo: prohibía “la realización de exposiciones, muestras plásticas o fotográficas”, así como “el desarrollo de reuniones que impliquen una actividad comercial, de promoción de bienes o servicios o arancelada”.

Finalmente, Santilli evaluó que lo mejor era dar marcha atrás con la medida que generó polémica. “La di de baja”, explicó. De todas formas, reiteró que, con el decreto, “se intentó desalentar el uso de los salones para los eventos sociales”, pero que “no se interpretó de esta manera”. “Insisto en la protección de los salones y en restringir su uso a actividades sin fines de lucro y de la prohibición total a eventos sociales: ni casamientos, ni fiesta de cumpleaños”, planteó.