Fuente: ADN Ciudad

escrito por Alejandra Lazo

Luego de muchos meses de debate, la Legislatura porteña aprobó el “Sistema de Evaluación Permanente de Conductores”, más conocido como scoring. Previo a la sanción en general, representantes de todos los bloques legislativos opinaron sobre la iniciativa. Más pros que contras.


El primero en hacer uso de la palabra al comenzar la sesión extraordinaria de este jueves fue el diputado Daniel Amoroso (PRO), quien presentó el proyecto por el cual se crea el “Sistema de Evaluación Permanente de Conductores”, como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña.

Amoroso aseguró que “las iniciativas que sirvieron de materia prima para crear este sistema buscan de manera unívoca la solución de los altos problemas de anomia en el tránsito de la Ciudad a través de la evaluación en forma permanente del comportamiento vial de los conductores habilitados por el Gobierno de la Ciudad”.

A lo que añadió: “Los problemas de seguridad vial de la ciudad de Buenos Aires encuentran su causa principal en el constante ánimo de imprudencia y desdén de los conductores hacia las normas de ordenación del tránsito y es público el malestar de la sociedad frente a los trágicos resultados de la conducta vial actual de los integrantes del sistema de tránsito”.

Por su parte, la diputada Silvia La Ruffa (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Seguridad, sostuvo: “Esta Legislatura tomó el tema de la seguridad vial desde el primer día. Primero se ordenó la normativa y se conformó un Código de Tránsito y Transporte y luego se sancionó una norma para que se eduque vialmente en la Ciudad”.

Asimismo, aclaró: “Esta ley no va a traer ningún problema, no hay que hacer ningún trámite. Todas las faltas están vigentes, aunque no estén dentro del sistema de scoring. Todo aquel que cometa una falta va a tener que pagar la multa. Pero esta Legislatura entiende que hay algunas faltas que implican una total desaprensión por la propia vida y la de los demás que deben ser tenidas en cuenta en este sistema”.

También La Ruffa señaló: “No queremos atrapar giles, sino que no se mueran más niños, jóvenes, mujeres y hombres por accidentes de tránsito. La Ciudad necesita este sistema de evaluación pese a las complejidades que tiene y las diferencias que tenemos con el despacho de mayoría. Además, tenemos la buena noticia que es el avance con la provincia de Buenos Aires en un Registro Común de Infractores y también nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un paquete de leyes que tienen a mejorar la seguridad vial.

Los diputados socialistas Verónica Gómez y Julián D’Angelo votaron en general el proyecto, en sintonía con el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien lo está impulsando en su provincia. Sin embargo, Gómez adelantó que no avalan “la necesidad de identificar al conductor para que el descuento de puntos prospere porque este requerimiento terminaría, en muchos casos, tornándolo prácticamente inaplicable, entendiendo que ante la imposibilidad de lograrlo habría que hacer recaer la medida sobre el titular del vehículo”. En este sentido, también se había referido previamente La Ruffa.

En tanto, el diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) expresó: “Este sistema implica un cambio de conducta integral que afecta no sólo a los que conducimos sino también a los responsables de labrar las infracciones. Estamos yendo de un sistema recaudador para ir a un sistema que busca mejorar la calidad de conducción en la ciudad de Buenos Aires. Acá no se trata de sacar ventajas políticas sino de ver cuál es el mejor sistema para reducir la cantidad de accidentes de tránsito”.

En representación de la Coalición Cívica, el diputado Sergio Abrevaya dijo: “Muchos de los efectos que soñamos con la implementación de esta ley estoy seguro que van a ocurrir, algunos otros no y otros no deseados sí van a ocurrir. Esta gran innovación implica un gran cambio cultural y por eso es que, desde la Coalición Cívica, promovimos el tiempo necesario para una campaña de difusión y una progresibidad en la aplicación del sistema”.

El diputado Gonzalo Ruanova (Diálogo por Buenos Aires) manifestó: “Estamos incorporando al conjunto de la seguridad vial a un tercer actor que es el Estado. Por eso, hablamos de avanzar en una segunda etapa en la que vamos a trabajar con el Poder Ejecutivo para mejorar la señalización, las calles, los accesos, todo lo que haga falta para un reordenamiento del tránsito en la Ciudad”.

Si bien comprometió el voto positivo del bloque Igualdad Social (que comparte con la diputada Liliana Parada), Martín Hourest planteó: “Estamos legislando a tientas porque no hay información que nos dé datos sobre las características de los accidentes de la Ciudad, de las actas que se labran, y de quiénes las llevan a cabo”.

En tanto, el diputado Raúl Fernández (Encuentro Progresista) calificó la creación del sistema como “un punto de inflexión en un tema complejo como es el sistema de tránsito y transporte de la ciudad de Buenos Aires”.

A su término, el diputado Pablo Failde (Frente para la Victoria) afirmó: “Nos salpica sangre todos los días por los numerosos accidentes viales. Este sistema no es la panea, pero se tiene que enmarcar en un proyecto de integralidad al que nosotros desde la Legislatura venimos contribuyendo con normas que hemos sancionado”.

Si bien el diputado Gerardo Romagnoli (Autodeterminación y Libertad) cuestionó muchos de los aspectos del proyecto en cuestión comprometió su apoyo en general, cosa que no ocurrió con la diputada Patricia Walsh. La diputada del bloque Nueva Izquierda fue la única en votar en contra de la iniciativa. Al respecto, sostuvo: “Mejor que aprobar una ley mala es votar en contra”.

El encargado de cerrar el debate previo a la sanción en general, fue el diputado Martín Borrelli (PRO). El presidente de la Comisión de Justicia aseguró: “Esta norma es una verdadera creación colectiva de la Legislatura, no tiene el nombre propio ni el apellido de ningún legislador en particular, y me animo a decir que hemos sido capaces de trabajar técnicamente dejando de lado los intereses políticos y logrando una ley justa y equilibrada, que respeta todos los principios de legalidad, no hace diferencias entre particulares y profesionales y contempla los derechos de los trabajadores”.