Fuente: ADN Ciudad

escrito por María Roberta Perujo Rivas

Este jueves asistieron a la Legislatura porteña el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Superior para presentar las propuestas de gestión para el año próximo y reclamaron que se respete el presupuesto pedido por ellos y no el elevado por el Ministerio de Hacienda.


Siguiendo con las reuniones que lleva a cabo la Comisión de Presupuesto, este jueves asistieron el presidente del Tribunal, José Casás y la titular del Consejo de la Magistratura, Carla Cavaliere. También expusieron por el Ministerio Público Fiscal, el Defensor, el Fiscal General y la Asesora General Tutelar, quienes pidieron a los legisladores que se respete el proyecto presupuestario presentado por ellos, que asciende a 356 millones y que el Poder Ejecutivo llevó a 225, en la propuesta elevada a la Legislatura.

La reunión tuvo lugar en el Salón Montevideo. En este escenario todos los funcionarios presentes destacaron el proceso de construcción de la autonomía judicial de la Ciudad y la necesidad de obtener un mayor presupuesto a lo asignado por Hacienda principalmente para invertir en la reforma edilicia y tecnológica que la Justicia porteña necesita.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Casás, expresó: “Decidí concurrir a la comisión porque la función pública es para rendir cuentas, nosotros partimos de una premisa: la Ciudad está construyendo su autonomía, todo lo que se haga en pos de la Justicia no es un gasto, es una inversión. Haciendo un comparativo con el último presupuesto hay algunos incrementos. Avanzamos en áreas sensibles y críticas, la de informática, para tener medios más modernos y la biblioteca, necesitamos tener una, muy actualizada en temas constitucionales y de Derechos Humanos. El (proyecto de) presupuesto elevado es de 20.437.500 pesos, con el 88% destinado al personal, la situación no es del todo pacífica, debemos administrar la escasez”.

Acto seguido, el fiscal General, Germán Garavano, sostuvo: “Este es un camino nuevo que se transita en orden a la autonomía del Ministerio Público. Hemos constituido una comisión conjunta en la que trabajamos con el Consejo de la Magistratura. Generamos una nueva técnica de presupuesto como una herramienta de política pública que busca generar un nuevo camino para poder satisfacer las necesidades de la población. También vamos a hacer una apuesta en materia tecnológica. Este presupuesto incluye varios proyectos como la policía judicial, la incorporación de nuevas fiscalías, y consolidar la recepción de denuncias. La meta central es el acceso a la Justicia y la asistencia a la víctima. Transformaremos el 0800, se van a poder hacer denuncias por mail, tendremos un nuevo portal del Ministerio Público”.

En tanto, el defensor General, Mario Kestelboim, se refirió a los objetivos de su área, que defiende los Derechos Humanos individuales y colectivos de las personas y busca fortalecer el rol de la defensa pública, actualmente “está funcionando la oficina de atención a las personas privadas de la libertad”, afirmó. También reclamó carencia de espacio físico y señaló que “existe un déficit en la formulación de las políticas para acercar el Ministerio Público Fiscal a los habitantes de la Ciudad”.

La asesora General Tutelar, Laura Musa, también se quejó del recorte que le aplicó al presupuesto presentado el Ministerio de Hacienda: “Nosotros tenemos intervención judicial y extrajudicial de las personas sujetas de los derechos vulnerados y de los menores de edad, y de las personas afectadas en salud mental. Nuestro objetivo es fortalecer la primera instancia y tener una asesoría general chica. Necesitamos mantener el presupuesto presentado”.

Finalmente, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Carla Cavaliere, destacó que “trabajamos de manera mancomunada a través de una comisión de enlace en la búsqueda de un mejor funcionamiento. El total del presupuesto con el Ministerio Público incluido es de 356 millones, y Hacienda lo dejó en 225, teniendo en cuenta los problemas edilicios y de tecnología necesitamos que se respete. Sufrimos una importante reducción para refaccionar, remodelar o construir y para adquirir edificios. En ese caso la previsión de Hacienda es cero. No nos alcanza para pagar sueldos y no se incluye la pauta salarial o el traspaso de los juzgados. Debemos refuncionalizar los edificios y queremos un refuerzo en materia tecnológica”.

Allí los diputados Martín Borrelli y Jorge Enríquez la consultaron sobre el tema de la expropiación de inmuebles en sedes judiciales y le pidieron un informe técnico del estado de los edificios, a lo cual Cavaliere accedió. En el mismo sentido se expresaron los consejeros de la Magistratura, Julio De Giovanni y la vicepresidenta, María Teresa Moya.

De la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria), y el vicepresidente, diputado Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires), participaron el vicepresidente Primero en ejercicio de la Presidencia de la Legislatura, Santiago de Estrada, los diputados Álvaro González, Jorge Enríquez y Oscar Zago (juntos por Buenos Aires), Martín Borrelli y Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio), Silvia La Ruffa, Ivana Centanaro y Miguel Talento (Frente para la Victoria), Enrique Olivera, Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad), Verónica Gómez (Partido Socialista), Florencia Polimeni (Guardapolvos Blancos), Carlos Lo Guzzo (UCR) y Carlos Araujo (Recrear).