En el marco de las reuniones que la ministra Sabina Frederic viene realizando con diferentes actores sociales, ayer se reunió con representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie / Libres del Sur y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), tal como ya había hecho con otras en anteriores encuentros. Además de la ministra Frederic y el secretario Fuks, estuvieron presentes en el encuentro la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, y el subsecretario de Control y Transparencia Institucional, Esteban Rosa Alves.

"Hay un punto de consenso en todas las organizaciones sociales, independientemente de la posición que tengan respecto al Gobierno. Todas coinciden en la necesidad de mantener la cuarentena, contra el discurso de la derecha de que aboga por la circulación económica", dijo a Página/12 el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks. "Claro que está la preocupación de que lleguen los alimentos y los recursos. Ahí sí aparecen matices, algunas posiciones más duras, otras que ven que el pago del Ingreso Familiar de Emergencia la semana próxima dará una inyección fuerte", agregó. Los casos de violencia institucional que se vienen registrando en medio del aislamiento, fundamentalmente en las barriadas más humildes, estuvieron entre las preocupaciones centrales que llevaron las organizaciones. También se planteó la necesidad de flexibilizar la circulación para la atención en comedores.

La ministra de Seguridad destacó en un comunicado que “para esta gestión es muy importante, y más en esta circunstancia particular, tener el punto de vista de estas organizaciones, pues tienen un trabajo de militancia y compromiso en los barrios. Es un intercambio muy significativo, porque nos ayuda a contrastar con otras visiones más institucionales acerca de los problemas que están padeciendo los sectores más vulnerados”.

Durante el encuentro se conversó sobre la situación de los vecinos de los barrios populares y el vínculo con las fuerzas de seguridad, haciendo hincapié en la detección y denuncia de posibles casos de violencia institucional. Además, los dirigentes sociales plantearon las dificultades que existen para acceder al reconocimiento del Certificado Único Habilitante para Circulación que emite el Estado Nacional y expresaron sus preocupaciones sobre el acceso y la distribución de alimentos en los territorios.

Entre otros ejemplos de lo que se está viviendo en los barrios, la coordinadora nacional de Barrios de Pie / Libres del Sur Silvia Saravia relató a este diario que el miércoles por la noche hubo un desalojo en San Martín, donde la policía bonaerense y el municipio tiró abajo unas casillas muy precarias. "Lo denunciamosen la reunión y nos dijeron que iban a hacer un seguimiento", expresó.

Para Saravia, "es valioso que desde la mayor instancia de decisión del Estado se nos convoque para conocer nuestra perspectiva, valoramos la actitud de escucha y la preocupación por lo que estamos pasando. Sobre todo por los impedimentos de fuerzas de seguridad provinciales y locales para que lleguen los alimentos, lo cual, además genera problemas entre vecinos". La dirigente ponderó también la implementación del protocolo para los uniformados y la línea que puso el ministerios para denuncias de abusos policiales y represión estatal. "Todos los actores que tenemos inserción territorial y todos los niveles institucionales debemos trabajar juntos, dejando de lado diferencias en una situación tan excepcional como ésta", aseguró.

"Las organizaciones sociales trajron varias preocupaciones, entre ellas las dificultades en comedores y merenderos para el desplazamiento de las personas y la mercadería, situaciones de violencia con policías provinciales que trasladamos a los ministros de Seguridad a través del Consejo de Seguridad", enumeró Fuks a este diario. El funcionario dijo que tomaron nota de pedidos puntuales de casos de violencia de género, del alerta por la llegada de la covid-19 a los barrios y el reclamo de que, antes que los equipos de salud, llegan las fuerzas policiales.
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“Recibimos demandas de problemas concretos y también debatimos temas políticos más generales. Tenemos oído para eso y capacidad para responder a las situaciones puntuales planteadas, especialmente en aquellos casos donde se afecten derechos, donde haya violencia institucional y sobre todo en los que el rol de las organizaciones de transformarse en un vínculo con el territorio pueda verse afectado”, señaló Fuks.